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Septiembre 2018

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Ejemplo: "Obligaciones del empresario"

¿Pagar tributos por las pensiones es doble imposición?

Resulta extraño que durante las recientes movilizaciones de jubilados para mejorar la situación económica de los mayores la principal reivindicación haya sido incrementar las prestaciones según el IPC y ninguna voz se ha escuchado pidiendo la eliminación de la tributación de estas prestaciones. Al fin y al cabo, es el Estado quien paga las pensiones y es el mismo Estado quien luego quita a los jubilados una parte de mediante el IRPF.

Por ejemplo, un pensionista medio recibe ahora 1.083 euros netos al mes en 14 pagas, lo que le supone unos ingresos anuales de 15.162 euros, y ganaría 303 euros al año si se incrementan las prestaciones un 2 % (en realidad subirán 1,6 %). Sin embargo, a este mismo pensionista se le aplica un 8,25 % de retención todos los meses, que supone pagar por el IRPF 1.250 euros al año. Así, con la exención tributaria se mejorarían las pensiones cuatro veces más que con el IPC. Pero el argumento fundamental es que pagar impuestos por “rendimientos de trabajo”, como son fiscalmente las pensiones públicas puede ser, como algunos opinan, doble imposición porque ya los rendimientos de trabajo que generaron las pensiones estuvieron sometidos al mismo tributo.

En efecto, las pensiones contributivas, y también las no contributivas, tienen la consideración de rendimientos de trabajo y, como los asalariados, los jubilados que perciban menos de 22.000 euros anuales no están obligados a presentar la declaración. Por ello muchos pensionistas no tienen obligación de realizar la declaración de la renta, lo que no quiere decir que todos ellos no paguen impuestos porque casi todas las pensiones están sometidas a retenciones, concretamente las que superen los 857 euros mensuales.

Sin embargo, las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez están exentas de tributación, igual que las de viudedad, orfandad y las derivadas de actos terroristas. Al estar sometidas casi todas las pensiones contributivas a retenciones, parte de lo que reciben los pensionistas a través de la Seguridad Social vuelve al Estado vía impuesto sobre la renta.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria indican que los pensionistas pagaron en 2017 más de 10.000 millones de euros por las retenciones del IRPF sobre sus prestaciones. El tipo de retención medio en el IRPF que recae sobre los pensionistas se sitúa actualmente en el 7,7 %. El IRPF es un tributo progresivo y si aumenta la prestación media forzosamente se incrementa la retención. La pensión media es actualmente de 1.083 euros al mes (15.162 euros al año) y quien la recibe debe pagar el 8,25 % de retención aunque no están obligados a presentar la declaración renta, si bien perderán lo retenido de no hacerlo.

Este tema se puso de actualidad gracias a una campaña de firmas por Internet titulado “Pensionistas, no pagar IRPF”, que recogió cerca de 9.000 adhesiones en pocos días. La iniciativa es del jubilado Ricardo Lapeña Peixoto, aunque en realidad los argumentos de esta campaña fueron expuestos en 2015 por el profesor de economía de la Universidad de Economía de Sevilla, Diego Barbadilla Mesa. Este profesor se opone a la normativa en vigor diciendo que el cobro de pensiones debe ser excluido del IRPF porque en realidad no es un rendimiento del trabajo, puesto que se generaron durante la vida laboral con el cobro de los salarios mensuales, sometidos ya al IRPF. Es decir, ya tributaron por este impuesto y al ser sometidas otra vez al mismo tributo caen claramente en la figura de doble imposición.

En todo caso, la pensión podría tener cabida como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado.

Wolters Kluwer

Hacienda trabaja en una fiscalidad “verde” para evitar comportamientos “agresivos” contra el medio ambiente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que su departamento estudia una que, en línea de las propuestas que se realizan desde la Comisión Europea, buscaría evitar .

“Estamos trabajando en una fiscalidad medioambiental, básicamente a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. En ese tipo de fiscalidad, en el conjunto de Europa no se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas fundamentalmente eviten comportamientos que fueran agresivos con el medio ambiente”, ha dicho la ministra.

Así, ha subrayado que el Gobierno estará “en sintonía con la nueva fiscalidad que se plantea desde Europa y, fundamentalmente, dando respuesta a una fiscalidad propia del siglo XXI, en materia tecnológica, medioambiental o de aquellas cuestiones que, hoy por hoy, la fiscalidad no recoge esa actividad o la gravación de esos servicios”.

Montero ha asegurado que el Gobierno ha planteado “el esquema básico” de este aumento de la presión fiscal, pero que aún considera “prematuro trasladar ninguna decisión”, pues .

“Estamos en los preparatorios previos”, ha subrayado la ministra, que ha dicho que su departamento estudiará las propuestas que le realicen los diferentes ministerios.

Parece ser que el Gobierno contempla aumentar el impuesto especial que grava el gasóleo hasta igualarlo al de la gasolina, gravado con 40,25 céntimos por litro. Esto elevaría el diésel en unos 9,55 céntimos más por litro.

Agencia Europa Press

El Defensor del Pueblo afirma que los impuestos “sangran” a los asalariados y a las clases medias españolas

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha afirmado que en España son los asalariados y las clases medias quienes pagan los impuestos y que el sistema tributario “sangra” a aquellos que “están cogidos por la nómina”, al mismo tiempo que ha señalado que la carga fiscal “está mal distribuida”.

Según el Defensor del Pueblo, su oficina recibe en torno a 1.500 quejas por parte de los ciudadanos sobre temas fiscales, en especial los relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto, los contribuyentes se quejan del lenguaje usado por el sistema, de los procedimientos y de que les parece que a veces es “excesivo” el esfuerzo que tienen que realizar para cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

No obstante, Fernández Marugán ha subrayado que en España no hay una actitud en contra de los gravámenes ni movimientos colectivos de resistencia fiscal “como sí los ha habido en otros momentos y en otros países”, sino que hay personas individuales “que dicen que el IRPF es un coste superior al que creen que debería ser o que se podría distribuir de una manera u otra”

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha señalado que en España “existe un problema muy importante de defraudación”“los asalariados y las clases medias”, donde se ha impuesto “esa idea de que al que tienen cogido por la nómina, lo sangran”.

Además, para Fernández Marugán, la crisis “ha dejado un poso de desigualdad en la sociedad española”, algo que ha ocasionado . Por ello, el defensor del pueblo ha añadido que “los políticos deberían encontrar una solución para mejorar los mecanismos de equidad tributaria”.

Agencia Europa Press

El nuevo etiquetado europeo de compatibilidad entre carburantes y vehículos entrará en vigor en octubre

El próximo 12 de octubre entrará en vigor la nueva normativa europea sobre el etiquetado para carburantes y vehículos que tiene como objetivo mejorar la información a los consumidores debido a la variedad de combustibles existentes.

Tal como han informado las asociaciones españolas Anfac (fabricantes), Anesdor (sector de las dos ruedas), AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), UNE (Asociación Española de Normalización y Certificación) y UPI (Unión de Petroleros Independientes), se ha presentado cómo deben ser las nuevas etiquetas y dónde deben estar colocadas, así como unas guías explicativas para usuarios y agentes del sector.

La UNE-EN 16942 es un estándar de origen europeo, adaptado al catálogo español de normas, que da cumplimiento a la nueva legislación comunitaria. Esta regulación específica las 13 etiquetas distintas para cada tipo de combustible, desde los derivados del petróleo hasta los biocombustibles, pasando por el gas natural, entre otros. En este sentido, las nuevas etiquetas estarán situadas en las proximidades del tapón de llenado o de la tapa del depósito de los vehículos nuevos, en los manuales de usuario de estos automóviles, así como en los aparatos surtidores de las estaciones de servicio y en los concesionarios. Cuando los clientes vayan a repostar y abran el tapón de llenado de combustible en su vehículo, un identificador común será visible tanto en el vehículo como en el aparato surtidor y el boquerel, brindando una guía sobre el carburante que es compatible con su vehículo.

Agencia Europa Press

Asesores fiscales denuncian que Hacienda ha aumentado las medidas hacia la “represión” del contribuyente

Los asesores fiscales han denunciado que en los últimos años la producción normativa en materia de impuestos ha estado encaminada a la recaudación, lo que ha ocasionado una pérdida de los valores intrínsecos del tributo y ha supuesto “crecientes medidas” encaminadas a la “represión” de los ciudadanos.

“No todas las medidas son admisibles”, ha subrayado el abogado y miembro de Aedaf, Enrique Giménez-Reyna, al mismo tiempo que ha pedido al poder público que “actúe en el marco del derecho” y al contribuyente que “asuma su deber” en el pago de los tributos. Entre las medidas que el abogado ha puesto sobre la mesa para la mejora del sistema fiscal en España destacan que la Administración adopte “una nueva actitud contra el fraude”, que “aminore la presión fiscal directa” o que “vea al contribuyente como alguien que actúa de buena fe si no se demuestra lo contrario”.

En este misma línea se ha expresado el delegado de la Demarcación Territorial Madrid-Zona Centro de Aedaf, abogado y socio fundador de Maio Legal, Ignacio Arráez Bertolín, quien ha señalado que las medidas cautelares han pasado de ser solo 2.900 en el año 2012 a más de 4.200 en 2016. Igualmente, Arráez ha indicado que ha pasado de existir 7.000 medidas de lucha contra el fraude en 2012 a más de 17.000 el pasado año, algo que ha ido acompañado de la publicación de la lista de morosos, de la aprobación de nuevos supuestos de responsabilidad y, en su conjunto, de “medidas crecientes hacia la represión”.

Según él, en vez de que cada año se anuncie “con orgullo” el crecimiento de las cifras de la lucha contra el fraude, “el éxito tendría que ser que cada año se levante menos y que se llevasen a cabo menos intervenciones”, lo que supondría una reducción del fraude fiscal.

“En la Constitución se establece que todos contribuirán, lo que no es solo una obligación sino también un derecho, como el del Estado a cobrar los tributos y el de los ciudadanos a exigir que el sistema sea justo, proporcional, de igualdad y no confiscatorio”, ha añadido Arráez.

Por último, el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany, ha querido hacer hincapié en que los asesores fiscales están “en contra del fraude fiscal”.

Agencia Europa Press